Aunque requiera viajar al extranjero, esto creará un proceso racionalizado donde el perdón se decidiría antes de que el individuo indocumentado salga de los Estados Unidos. Consecuentemente, esto permitirá una residencia permanente para alguien que entro ilegalmente, sin la incertidumbre y tiempo separado de sus seres queridos bajo el sistema actual.

Step 1: Unite our Community by Embracing our Cultural Values.
Hispanics must accept that our cultural roots are sources of strength rather than barriers to advancement. We must become more aware of the responsibility our community has as our economic impact grows in purchasing power, population, etc. The more responsible and united Hispanics are, the stronger our voice becomes.

Step 2: Empower our Talent by Activating our Authentic Hispanic Leadership.
Hispanics must stop assimilating, being what others want them to be. Rather we must empower ourselves by celebrating our unique immigrant perspective in our leadership style.

Step 3: Expand our Impact and Influence to Cultivate Economic Growth.
Hispanics must become thought-leaders that represent the voices of all minority groups that are faced with similar challenges. Hispanics must become extended "brand assets" for the organizations we lead and serve to help them create new areas for growth. The more Hispanic can influence business growth, the more influential Hispanics become as leaders in America. This naturally will impact the growth of our economy and create a visible track record that makes Hispanics more attractive participants in Washington.

The 2012 Election: The Hispanic's Defining Moment?

Desde el pasado 1 de julio, todos aquellos inmigrantes “sin papeles” residentes en España que tengan hijos menores con nacionalidad española pueden regularizar su situación acogiéndose a la nueva figura del arraigo familiar, contemplada en el reformado Reglamento de Extranjería. La reforma desarrolla la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, en vigor desde enero del año pasado.

La del arraigo familiar es una medida que, pese a llegar con un año de retraso, ha sido muy bien acogida entre el colectivo de extranjeros residentes en la capital conquense, como explican los responsables de las asociaciones de diferentes países consultadas por este periódico.

Opinan las asociaciones
“La reforma del Reglamento de Extranjería en el sentido de que los inmigrantes que tengan hijos españoles puedan regularizarse es una de las mejores cosas que se han hecho, una ley muy buena” asegura el presidente de la Asociación Hispano Colombiana ASOCOL, Héctor Fabio Ramírez.

Para el presidente de la Asociación de Ecuatorianos “Mariscal Sucre”, Robinson Hidalgo, la medida “es un paso adelante de cara a la normalización de las personas que venimos de otros países” ya que “hay mucha gente que está deseando regularizar ya todos sus papeles y vivir de pleno derecho aquí”.

Hidalgo comenta que “hay alguna gente en esta situación de ser irregular y que sus hijos hayan nacido aquí”, mientras que desde ASOCOL su presidente explica que “tenemos en la Asociación dos madres de familia con ese problema que ya han comenzado a arreglar sus papeles y para quienes la reforma ha sido una bendición y un motivo de tranquilidad. Es un beneficio sobre todo para las madres”.

“Conocer el país es bueno. Que sea por mandato, no”
Una de las partes de la reforma del Reglamento de Extranjería que más controversia ha suscitado es la referente a los informes de “esfuerzo de integración” que ayuntamientos y comunidades autónomas deberán redactar con respecto a los inmigrantes que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar.

Los informes, que deberán incluir también comentarios sobre la adecuación de la vivienda de los extranjeros que soliciten alguno de los permisos mencionados, deberán contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia”.

A favor, pero con matices
Para el presidente de la Asociación de Ecuatorianos “Mariscal Sucre”, Robinson Hidalgo, la medida es positiva ya que “mucha gente desconoce la cultura y las normas del país en el que vive y es bueno que lo conozcan, a todos nos viene muy bien”. Además “así demostramos que todos somos solidarios y ciudadanos en igualdad de condiciones” considera.

El presidente de ASOCOL, Héctor Fabio Ramírez, coincide con Hidalgo en que la norma es buena porque “sí es cierto que se da un poco de aislamiento, es bueno adaptarse y conocer el país en el que vives, sus costumbres, a su gente”. Lo que no le convence tanto es que se haga por imperativo legal.

“Si las personas pudieran participar de forma voluntaria, estaría mejor. En líneas generales me parece bien, pero que sea obligatorio no es algo bueno. Es extraño” concluye.

Representantes de organizaciones en defensa de los inmigrantes de Nueva York pidieron que se ponga fin al programa federal llamado Comunidades Seguras, por considerar que no es efectivo y provocó una mayor deportación de personas que residen en el país sin autorización.

"En la reunión demostraron que no están interesados en tener un diálogo", dijo a The Associated Press Daniel Coates, representante de la organización Make the Road of New York.

En la reunión, convocada por ICE, participaron representantes de unas treinta organizaciones, el director ejecutivo asociado del ICE, Gary Mead, y otros miembros de la agencia federal.

El gobierno ignora - Donald Anthonyson, de Freedom for Family, criticó a ICE por ignorar a las personas afectadas por el programa que permite identificar a las personas que residen sin autorización mediante la verificación de su identidad en diferentes bases de datos. "Es penoso que no quieran hablar con ellos".

"El programa de Comunidades Seguras ha creado inseguridad porque ha infundido miedo por el hecho de tomar las huellas digitales a quien ha cometido alguna falta menor, que luego han sido inmediatamente compartidas con ICE entrando en un proceso de deportación", lamentó por su parte Vincente Mayorga, miembro de Make the road of New York, original de Ecuador y que lleva 14 años en Nueva York.

"Yo he visto amigos, familias que han sido separadas porque han sido deportados", añadió.

Detalles del plan - Comunidades Seguras es un programa creado en 2008 y que permite identificar a los extranjeros que residen en Estados Unidos sin autorización a través del intercambio de información entre policía y autoridades migratorias, con el objetivo de mejorar la identificación de las personas que cometen crímenes.

La policía toma las huellas dactilares de la persona detenida y se transfieren los datos a Inmigración para identificar su estatus migratorio.

El gobierno del presidente Barack Obama deportó una cifra récord de 392,862 personas en el año fiscal 2010, según datos del Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Las organizaciones critican los cambios propuestos el mes de junio por ICE con el objetivo, según la institución, de mejorar el programa.

Las modificaciones - Entre los cambios propuestos se cuentan asegurar que no se deporten a víctimas de violencia doméstica u otros crímenes cuando denuncian los casos y centrar el programa en los "criminales más serios".

"En los cambios propuestos no se dice que los datos no vayan a ser compartidos con Inmigración, no dice que sólo se hará en casos de crímenes flagrantes", apuntó Mayorga.

Lamentó que en muchos casos las personas arrestadas o "no cometieron delito alguno" o bien "fueron menores como infracciones de tráfico".

En un comunicado, el ICE explicó que la reunión sirvió para discutir con la comunidad los cambios propuestos como son los "diseñados para mitigar el posible impacto en la comunidad previniendo la expulsión de víctimas de la violencia doméstica y de otros crímenes".

Números oficiales - Según datos del ICE, entre octubre de 2008 y el 31 de mayo de 2011, se deportaron a través de las Comunidades Seguras a 115.396 personas, 82.465 de ellas por cometer un acto criminal (desde asesinato a delitos menores), lo que supone el 72 por ciento del total.

Las otras personas deportadas, el 28 por ciento, lo fueron, según el ICE, por violaciones de tipo migratorio como el haber entrado en el país luego de haber sido deportado o por cometer infracciones con el visado.

"ICE continuará trabajando con nuestros socios comunitarios para asegurar que nuestro mutuo compromiso en proteger la seguridad pública en el estado de Nueva York sea una realidad", expresó el comunicado.

Los estados de Nueva York, Illinois y Massachusetts no participan en este programa federal. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció en junio pasado que dejaría de participar en el programa porque no cumplía los objetivos y suponía "serias consecuencias" para testigos, víctimas de crímenes y la propia policía.

Por su parte, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, anunció este año que se retiraba del programa por promover deportaciones de personas que no cometieron crímenes.

Un grupo de ciudadanos extranjeros, a quienes el Departamento de Estado les notificó que habían sido preseleccionados para un cupo por una de las 55 mil residencias que entrega cada año y luego les dijo que el sorteo sería repetido por un fallo informático, demandó a la cancillería estadounidense bajo el argumento de que habían sido seleccionados por un sistema aleatorio.

El error en el sistema de computadoras del centro nacional de visas del Departamento de Estado afectó a unos 22 mil concursantes de la Lotería de Visas.

15 millones de concursantes - En el sorteo 2012 (residencias que se entregan durante ese año fiscal que arranca el 1 de octubre de 2011 y finaliza el 30 de septiembre de 2012) participan unas 15 millones de solicitudes enviadas de los cinco Continentes.

Los demandantes pretendían que la corte ordenara al gobierno considerar como válida la primera preselección.

El 13 de mayo el Departamento de Estado anunció que el sorteo para otorgar las 55 mil residencias del año 2012 había sufrido un fallo informático y que sería repetido.

Miles de preseleccionados en el concurso, que se lleva a cabo en forma aleatoria por un sistema computarizado, habían sido notificados. Pero luego recibieron la mala noticia.

El Departamento de Estado argumentó que la falla informática causó que 90% de los ganadores en el sorteo correspondiera a solicitudes presentadas los primeros dos días de las 30 jornadas que duró el período de recepción de solicitudes.

El gobierno aseguró que el problema había sido arreglado, pero que el sorteo se repetirá y el 15 de julio se anunciará a los ganadores.

Critican el fallo - Uno de los afectados y demandantes citado por The Associated Press, Armande Gil, de 42 años, originario de Francia y residente en Florida, consideró que el dictamen es otra decepción.

"Hace aún mayor la injusticia, y es una sensación de que no hay nadie que nos escuche y lo que quiera hacer el gobierno con nosotros lo puede hacer y no podemos hacer nada", agregó.

En el sorteo de la Lotería de Visas 2012 fueron excluidos varios países, entre ellos México y Colombia por ser considerados países de alta admisión.

El sorteo 2012 cerró el miércoles 3 de noviembre. Por primera vez el período de postulaciones duró apenas 30 días. En años anteriores fue de 60.

La Lotería de Visas se encuentra en el centro de un áspero debate en el Congreso. Republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley para anular el popular concurso por razones de seguridad nacional.

Historia del concurso - La Lotería de Visas fue creada por el Congreso en 1990 y bautizada como Programa de Visas de Diversidad (DV) para inmigrantes.

El gobierno precisa que los concursantes son seleccionados mediante una lotería electrónica al azar, e indica que la selección del nombre de una persona le da la oportunidad de proseguir dentro del sorteo, que debería concluir por ley a mediados del año fiscal 2012.

Los preseleccionados del sorteo son notificados por correo postal entre los meses de mayo y julio.

Junto con la notificación de preseleccionado, el concursante recibe un paquete de instrucciones sobre los siguientes pasos que tienen que tomar para completar el proceso de solicitud de visa del programa DV-2012.

Los Sorteos anteriores - En el sorteo de la Lotería de Visas 2010 el Departamento de Estado recibió 13.6 millones solicitudes que reunieron los requisitos necesarios y las notificaciones de preselección se enviaron por correo entre mayo y julio de 2009.

En el sorteo 2011 se recibieron 16.5 millones de solicitudes y 12.1 millones entraron al sorteo digital.

El Departamento de Estado recordó que el sorteo está abierto sólo a personas de países que reúnan las condiciones y que cumplan con determinados requisitos de estudios o experiencia laboral, ya sea tener haber completado los estudios de secundaria o su equivalente, o tener dos años de experiencia laboral.

Brasil, Canadá, China (nacidos en el continente chino), Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, México, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Corea del Sur, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte) y sus territorios dependientes y Vietnam no participan en el sorteo 2011 debido a que esas naciones enviaron a más de 50 mil inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años.

El Avance del Mercado Laboral que elabora la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) recoge que el número de inmigrantes exteriores netos (la diferencia entre los que llegaron de otros países y los que salieron) de la provincia el pasado año fue de 266, frente a los 9.675 tres años atrás.

En 2007, de los 41.922 inmigrantes exteriores netos que recibió la región, se repartieron en Albacete, 5.588; Ciudad Real, 9.675; Cuenca, 5.862; Guadalajara, 6.508; y Toledo, 14.289

Migraciones interiores - Respecto a las migraciones interiores (los empadronados en una región que se mueven a otras comunidades), durante 2010 salieron de Castilla La Mancha 81.962 personas (españolas o extranjeras), mientras que llegaron desde otras comunidades 88.723 personas (españolas o extranjeras). Por lo tanto, el saldo fue de 6.761 personas en la región.

Región receptora - Castilla-La Mancha ha sido en 2010 la principal región receptora de las migraciones internas, con 6.761 ciudadanos de otras regiones, seguida de País Vasco (2.157) y Galicia (1.939), conforme refleja el Avance del Mercado Laboral que elabora la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT).

Atendiendo a la inmigración interior neta de 6.761 personas que llegaron a la comunidad desde otras regiones, por provincias el balance fue en Albacete, 106; Ciudad Real, -566; Cuenca, -419; Guadalajara, 2.956; Toledo, 4.684.

En 2007 se produjeron en Castilla La Mancha un total de inmigraciones interiores netas de 14.242, sensiblemente superior a la experimentada el pasado año.

Esta inmigración interior neta se produjo, segun Agett, por provincias de la siguiente forma: Albacete, -952; Ciudad Real, 179; Cuenca, -1.331; Guadalajara, 4.952; Toledo, 11.394.

El estudio explica que si bien la migración del extranjero ha tenido un mayor peso relativo que la que se produce dentro del país durante la fase del boom económico, la crisis "ha propiciado" que los pesos de ambas "se asimilen, incrementándose la importancia de los saldos interiores en el cómputo global".

Pamplona. Es decir, el 11,1% de la población en la Comunidad foral es extranjera, un porcentaje casi idéntico al de 2009 y 2010, y por debajo de la media estatal (12,2%). Por encima de ella estarían, por este orden, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Cataluña, La Rioja, Canarias y Aragón. El mapa ibérico habla de una "estratificación zonal" de la inmigración en el Estado español que deriva en la "atracción" de zonas como el arco mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), el corredor del Ebro (Navarra, Aragón y La Rioja), así como otras vinculadas a las grandes metrópolis (los ejemplos clásicos son Madrid y Barcelona) y los espacios turísticos (Baleares y Canarias), destaca el Observatorio de la Inmigración de Navarra.

En general, el descenso de personas latinoamericanas se debe al aumento de adquisiciones de la nacionalidad española (sobre todo de ecuatorianos). Aproximadamente, entre 13.000 y 14.000 inmigrantes han obtenido desde 2002 la nacionalidad española (más mujeres que varones). La crisis ha aumentado la "predisposición" de la población extranjera a una mayor movilidad geográfica entre comunidades autónomas, lo que hace que siga aumentando el número de inmigrantes en Navarra pese a que el número de entradas de fuera sigue descendiendo. De hecho, la recesión ha motivado una ralentización del flujo migratorio, aunque el descenso de población en el periodo 2005-2011 de Ecuador (-43,5%) o Colombia (-17,9%) "no responde" a su marcha de Navarra, sino al importante número de quienes han adquirido la nacionalidad española. Por ejemplo, las personas nacidas en Ecuador suponen en la actualidad el 17,6% del total de nacidas en el extranjero, mientras que las personas ecuatorianas representan el 11,1% del total de personas extranjeras. Por otro lado, el número de personas extranjeras con certificado de registro de la UE o tarjeta de residencia en vigor sigue en aumento: a 31 de marzo de 2011 había 66.664 en Navarra, según los datos que recoge el Observatorio para la Inmigración en Navarra en su revista Enfoques, dependiente de Presidencia. En 2011 el 7,5% de las personas no comunitarias están en situación irregular, la misma tasa que en el año anterior.

Desde 2005 la irregularidad ha descendido cuarenta puntos porcentuales en Navarra y también en el conjunto del Estado.

En el acceso a la nacionalidad por residencia destaca que, si bien el criterio general son 10 años de residencia legal en España, para las personas procedentes de países con vínculos históricos con el Estado español, el requisito es de dos años (para todas en el caso de matrimonio con una persona española es un año de residencia). Por este motivo se comprueba que son las personas latinoamericanas quienes más acceden a la nacionalidad y, sobre todo, la población ecuatoriana: desde el año 2004, cuando se empezó a desagregar este dato por país de origen, el 53% de quienes la han adquirido en Navarra eran originarios de Ecuador Esta evolución se observa en que en 2005 había 13.845 personas nacidas en Ecuador y sólo 186 tenían la nacionalidad española, mientras que en 2011 son 7.883 las personas empadronadas que nacieron en Ecuador y tienen ahora la nacionalidad española. Esta lectura sirve para otros países como Colombia, cuya migración a Navarra comenzó hace ya unos 10 años. Por otro lado, el 66% de quienes poseen una tarjeta del Régimen General corresponde al tipo de residencia permanente lo que da una "idea del asentamiento".

nacimientos En 2009 hubo 1.417 nacimientos de madre extranjera en Navarra (el 20,7% del total, igual al porcentaje del Estado). En los últimos años han aumentado los matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es de nacionalidad extranjera (en 2009 supusieron el 20,6% de los matrimonios celebrados en Navarra). Los matrimonios mixtos (donde un cónyuge es extranjero) se suelen tomar también como un indicador de la integración de inmigrantes y en 2009 alcanzaron el 16,2% del total. Las personas extranjeras son más jóvenes que las españolas: dos de cada tres tienen entre 16 y 44 años y la proporción de mayores de 65 años es solo del 1,6% (frente al 19,6% de las personas españolas).

Al contrario que en la población autóctona, en la población extranjera el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres (aunque en muchas nacionalidades latinoamericanas predominan las mujeres).

reparto geográfico En términos absolutos la inmigración en Navarra es un fenómeno predominantemente urbano según el estudio, ya que casi el 60% de la población extranjera se concentra en municipios con más de 10.000 habitantes (Pamplona, Tudela, Barañáin, Burlada, Egüés, Estella, Zizur Mayor, Tafalla, Ansoáin y Villava). Especialmente se concentra en Pamplona y su comarca, con el 55% del total, que también es donde habita la mayoría de la población navarra. Sin embargo, en términos relativos se observa una mayor incidencia en la zona sur de Navarra. En el mapa se observa el mayor peso que tiene la población extranjera en la zona de Tudela y Ribera Alta, mientras que Pamplona y su comarca tienen un porcentaje similar al del total de Navarra.

Según el informe, Chile es un país que atrae en gran medida inmigración procedente de otros estados latinoamericanos.

Así, 37 % de los recién llegados fueron originarios de Perú, el país con más inmigrantes por encima de Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, de donde procedieron, respectivamente, 17%, 7%, 5 % y 4% de los inmigrantes.

La mayoría de peruanos que trabajan en Chile lo hicieron como empleados del hogar, mientras que los bolivianos y los argentinos fueron contratados principalmente en el comercio, y los ecuatorianos en la salud y los servicios sociales.

Por su parte, México registró en 2009 un aumento del 60 % de los inmigrantes permanentes en 2009, hasta las 24.000 personas, tras dos años de caídas de la población extranjera residente en el país.

Estados Unidos, China, Guatemala, Colombia y Cuba son los países de origen más comunes.

Estas cifras son muy modestas, según el informe, en comparación con la emigración mexicana, sobre todo hacia los Estados Unidos.

En 2009, 370.000 ciudadanos mexicanos abandonaron su país, una cifra menor a los 900.000 que lo hicieron en 2006.

Esta caída se debe al aumento de controles por parte de las autoridades fronterizas estadounidenses y a la reducción de 50% de las salidas por reagrupamiento familiar.

De hecho, el grueso de estos emigrantes, 70%, dejaron México por razones laborales, según la OCDE.

La disminución de la emigración hacia el norte ha reducido de 26.000 millones de dólares a 21.000 millones de dólares la entrada de divisas a México, una reducción parcialmente compensada por la depreciación del peso mexicano en el mismo período.

La convocatoria “Un día sin inmigrantes” a la comunidad latina, conformada por aproximadamente 850.000 hispanos, fue planteada por la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (Glahr).

“Esta ley es racista y lesiona gravemente los derechos de todos los latinos, por eso vamos a marchar”, enfatizó, según publica el matutino.

Chica resalta que hoy no van a consumir en varios centros comerciales y no trabajarán para “que ellos sientan la falta de mano de obra en la ciudad de Atlanta”.

El ecuatoriano calcula que de los 10.000 compatriotas que viven en Georgia, entre el 60 y el 70% no tiene documentos, por lo que la HB87 los perjudica y tendrán que migrar a otros estados, aunque destaca también que esto es un problema, porque ya en otros (estados) han aprobado leyes similiares. “La útima opción será regresar a Ecuador”, acota.

La ley migratoria de Georgia es una de las más duras y polémicas normas estatales sobre esta materia y guarda importantes similitudes con la de Arizona (SB1070), que criminaliza a los indocumentados y cuyos pasajes más controvertidos permanecen suspendidos temporalmente por una corte federal.

Sin embargo, si bien esta semana un juez ordenó detener la implementación de dos de las provisiones más controvertidas de la medida, los activistas proinmigrantes consideran que el “acoso” a esta comunidad sigue siendo un problema.

Por ello, la acción de un “día sin inmigrantes” pretende que los ciudadanos latinoamericanos no asistan a sus trabajos ni a los comercios como medida de protesta ante la acción que criminalizará a los indocumentados.

“Más que una protesta es una acción simbólica. Se trata de marcar la presencia de la comunidad latinoamericana precisamente haciendo notar su ausencia”, dijo Teodoro Maus, presidente de la Alianza Latina de Georgia pro Derechos Humanos (GLAHR), a la prensa internacional.

Sin embargo, las cláusulas más polémicas de la ley no entran en vigor el 1 de julio ya que el juez Thomas Thrash bloqueó esta semana la sección que permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y una que buscaba penalizar a quienes transporten o alberguen a indocumentados.

La ley migratoria de Georgia es considerada una de las más duras y polémicas normas estatales sobre esta materia y guarda importantes similitudes con la de Arizona, que criminaliza a los indocumentados y cuyos pasajes más controvertidos están suspendidos temporalmente por una corte federal.

Según el Comité Cívico Ecuatoriano, en Georgia viven alrededor de 10 000 ecuatorianos. El 17 de junio pasado, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó por unanimidad la aplicación de la ley HB87 y resolvió emitir una comunicación que se hará llegar al presidente de los Estados Unidos y a las Cámaras del Congreso del Estado de Georgia

Los detractores de la medida dicen, sin embargo, que dará pie a abusos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió un memorándum en el que dijo que a menos que existan "circunstancias especiales", es contrario a la política de la agencia deportar a inmigrantes en medio de una gestión legítima para proteger sus derechos civiles. Funcionarios de la agencia dijeron que el memo fue emitido para proveer directrices sobre el ejercicio apropiado de criterio.

"Para evitar disuadir que individuos reporten delitos e inicien gestiones para proteger sus derechos civiles, se les recuerda a los funcionarios de inmigración, especialmente agentes y fiscales, que ejerzan el criterio apropiado caso por caso cuando tomen decisiones en los casos de víctimas de crímenes, testigos de crímenes e individuos que presentan quejas legitimas de derechos civiles", dice el memo.

La agencia dijo que la política no fue motivada por un caso específico.

El profesor de la Universidad Yale Michael Wishnie dijo que él y otros defensores de los inmigrantes llamaron a la agencia de inmigración a adoptar esa política luego que su cliente, un inmigrante ilegal de Ecuador, enfrentase deportación en diciembre mientras estaba pendiente su demanda por violaciones de derechos civiles. La demanda estaba motivada por una redada en el 2007 en New Haven, la cual críticos dijeron fue en represalia porque la ciudad fue la primera en ofrecer tarjetas de identificación a inmigrantes.

"Está bien claro para mí que el catalizador de esta política fue ese caso de diciembre", dijo Wishnie.

La política pudiera ayudar a centenares — y eventualmente a miles— de inmigrantes, muchos de los cuales enfrentan problemas de salarios y otros abusos similares en sus lugares de trabajo, pero que no denuncian por temor a ser deportados tras el proceso.

Para el envío de dinero se asignará un código secreto para la seguridad del giro. El código deberá ser entregado por el familiar a la persona que recibe la transferencia.

“Azuay es una de las provincias más afectadas por la migración y ahora serán atendidos con calidad, dejando de cobrarles valores altos por sus transferencias”, dijo Guerrero.

Destacó que entre 2009 y 2011, la Oficina de Asuntos del Consumidor de la ciudad realizó 280 inspecciones a 224 proveedores de servicios a inmigrantes que cobran por esos servicios y que no son abogados, detectando 134 violaciones por las que impuso 288.268 dólares en multas.

La violación más común fue no tener un contrato o que éste no incluyera toda la información que exige la ley de Nueva York ni tener visible la información requerida.

Recordó que las leyes de Nueva York exigen que el proveedor de servicios entregue al cliente un contrato, en el idioma que el inmigrante domine, con la lista de los servicios que ofrecen y el costo de los mismos.

También debe colocar un letrero en un lugar visible informando de que no es un abogado y que no puede prestar esos servicios y deben otorgar un plazo de tres días para cancelar el contrato y devolver el dinero al cliente.

La funcionaria recordó además que el proveedor de servicios no puede cobrar por proveer, distribuir o someter documentos oficiales ni por servicios no prestados, ni enviar información a las autoridades de inmigración sin el consentimiento de su cliente.

Destacó además que un notario público no es un abogado y no puede ofrecer ningún tipo de servicios de ese tipo en Nueva York.

Un argumento similar aportó en días pasados el Inspector General del DHS, fallo que obligó a al ministerio a investigar el programa.

"Hay preocupación por la aplicación del programa, así como su impacto en las familias, las comunidades de inmigrantes y la policía en Nueva York", dijo Cuomo.

En una carta a DHS, el despacho de Cuono dijo que la información producida hasta el momento ha puesto en duda - tanto a nivel federal como estatal - la ejecución y el efecto previsto del programa de Comunidades Seguras.

La decisión era esperada desde hace varias semanas y fue vista por activistas como un ‘paso correcto’ que beneficiará a inmigrantes indocumentados con antecedentes o delitos simples que hayan cumplido o estén cumpliendo penas de cárcel.

“Sin lugar a dudas es una movida en la dirección correcta”, dijo a Univision.com el empresario Eduardo Galeano, director de la Cámara de Comercio de Queens y un firme defensor de los derechos de los indocumentados y de la reforma migratoria. “El programa se ha prestado para su manipulación y practicar la discriminación contra la población latina”.

Galeano agregó que la puesta en vigor del programa “ha perjudicado a familias hispanas completas, sobre todo en condados donde se registra mucho racismo y donde el programa la sido cuestionado por su utilización para estos fines”.

“Además sienta el precedente de que la solución al problema pasa por la reforma migratoria”, una vía que no sólo daría la oportunidad de legalización a 11 millones de indocumentados, “sino que le brindará al país la oportunidad para recuperarse de la crisis económica”.

“Los inmigrantes son un aporte importantísimo para el progreso. Hay más de 10 millones de trabajadores que no vinieron a utilizar a Estados Unidos, sino a contribuir con su progreso”, destacó.

En una carta a DHS, el despacho de Cuono dijo que la información producida hasta el momento ha puesto en duda - tanto a nivel federal como estatal - la ejecución y el efecto previsto del programa de Comunidades Seguras.

A las declaraciones de representantes federales se sumaron apoyos de dirigentes políticos locales quienes se congratularon con la decisión de Cuomo.

"La decisión para poner fin al programa Comunidades Seguras permitirá restaurar los derechos y la justicia a los inmigrantes”, dijo el senador estatal Adriano Espaillat, Presidente del Caucus Latino del Senado. “Debemos adoptar políticas y reformas que refuerzan nuestra población diversa, no penalizarlo por inculcar un sentido de temor a la deportación ilegal en nuestros vecindarios", agregó.

El senador estatal Gustavo Rivera, vicepresidente del Caucus Latino del Senado, dijo: "Aplaudo al Gobernador Cuomo por tener el coraje de poner fin a la existencia de este programa en Nueva York. El programa de Comunidades Seguras tiene víctimas miedo”.

El asambleísta Félix Ortiz dijo que "el programa de Comunidades Seguras ha hecho lo contrario de lo que debía hacer, y el gobernador Cuomo tomó la decisión correcta de eliminarlo”.

Asimismo, Thomas H. Mungeer, presidente de la New York State Police Benevolent Association, dijo que "apoyamos la acción Gobernador Cuomo” y resaltó el trabajo conjunto que las policías deben realizar con las comunidades para controlar el crimen en el estado. Agregó que Comunidades Seguras no estaba permitiendo “mantener una relación de confianza con la comunidad”.

Y Jack Mahar, alguacil del Condado de Rensselaer y Presidente de la Asociación de Sheriffs del estado de Nueva York, dijo que “mucha gente se pregunta si Comunidades Seguras realmente ha logrado sus objetivos”.

Breve historia - El programa Comunidades Seguras fue puesto en funcionamiento en 2008 bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009) con la premisa que se trataba de un plan al que los estados se adherían voluntariamente.

En abril de este año la legisladora demócrata Zoe Lofgren (California), exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una investigación para determinar si empleados de ese ministerio le mintieron al público, a los gobiernos locales y al Congreso sobre el programa, al afirmar que se trataba de un plan obligatorio y no voluntario, como había sido diseñado.

Comunidades Seguras permite identificar a los inmigrantes que podrían ser deportados debido a su estado de migratorio o a haber cometido un crimen.

Lofgren pidió al inspector general del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional revisar las declaraciones hechas por los empleados del departamento, incluido el personal de Inmigración y Control de Aduanas.

La congresista argumentó que “declaraciones falsas y engañosas” de funcionarios y empleados del DHS “pueden haber sido intencionales, mientras otras se hicieron de manera imprudente, a sabiendas de que eran ambiguas y posiblemente crearían confusión", en referencia al funcionamiento del programa y la participación de los estados.

John Morton, director del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se disculpó y dijo que su agencia es responsable de la "confusión y declaraciones inconsistentes" en una carta enviada a Lofgren.

Morton dijo que su agencia ha realizado algunos cambios como consecuencia, incluyendo el despido de un contratista que fue el "autor de varios correos electrónicos inapropiados".

El funcionario añadió que la ley federal requiere el intercambio de información entre las agencias federales específicamente para el control de la inmigración y los gobiernos estatales y locales no pueden prohibir ese intercambio.

A finales de mayo el estado de Illinois abandonó el programa, decisión que este miércoles fue seguida por Cuomo y que algunas ciudades, como San Francisco, en California, anunciaron su salida pese las advertencias del DHS.

Nueva York ingresó al programa en mayo del año pasado por decisión del entonces gobernador David Paterson, quien firmó el acuerdo con el DHS y afilió los 62 condados al sistema de seguridad.

"Este programa divide las familias. La mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales. Es hora de que nos unamos, es hora de que los inmigrantes defiendan sus derechos", expresó a un corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias (Notinex), el reverendo Fabián Arias.

Los activistas de Nueva York aseguran que Comunidades Seguras convirtió a policías locales en agentes federales de inmigración.

En las últimas semanas funcionarios electos entre concejales municipales, senadores y asambleístas estatales enviaron cartas al gobernador en la que le pidieron que retirara la participación de Nueva York del programa federal.

El programa va dirigido a "fortalecer las capacidades de las trabajadoras inmigrantes y sus familias para afrontar la violencia de género y acceder al sistema de protección y la justicia españolas, ya que por diversas causas, las víctimas residentes en España no acuden a los mecanismos de protección que existen", según ha explicado la Embajada.

En concreto, Fundación Repsol apoyará la puesta en marcha de siete talleres en espacios de la Comunidad de Madrid en regiones con gran presencia de ecuatorianos, como son el Centro, la zona Sur (Parla, Getafe y Fuenlabrada) y el Este (Alcalá de Henares y Torrejón). Los formadores serán preparados previamente por los servicios de la Secretaría de Estado de Igualdad. Tendrá una duración de siete meses y unos mil beneficiarios.

El embajador ha destacado que muchas migrantes se encuentran ante la "imposibilidad de ejercer sus derechos frente al abuso de sus parejas" por falta de redes de apoyo, frente a la traslación a la vida familiar de "una concepción patriarcal y machista" de las relaciones sociales.

Según ha explicado, ante la "necesidad de dar una respuesta diferenciada" a las condiciones particulares de las ciudadanas extranjeras, se plantea este programa para "fortalecer" a estas mujeres, que puedan detectar la violencia y conozcan los recursos, así como promover una "transformación del imaginario social que asume como natural" el maltrato de las mujeres.

Sobre este asunto, Gallo ha incidido en que las extranjeras son "un colectivo que no ejerce sus derechos por vía judicial", entre otras razones porque "muchas veces no saben a dónde acudir" o se encuentran en una situación "muy precaria". Por ello, la fundación quiere que este programa se traduzca en un "apoyo contundente" a las mujeres "brindando los recursos" que ofrece la justicia, sensibilizando e informando sobre esta "violación de los derechos humanos".

EL 30% DE VÍCTIMAS MORTALES SON MIGRANTES

Por su parte, Aído ha recordado que de media, el 30 por ciento de las mujeres asesinadas desde el año 2003 eran extranjeras y en 2008 llegaron a suponer el 44 por ciento, cuando los ciudadanos foráneos son el 11,4 por ciento de la población total del país. Esta sobre representación, revela, a su juicio, que las migrantes son más vulnerables por lo que necesitan medidas específicas.

Así, ha destacado medidas como el Plan de Prevención de la Violencia de Género en la población inmigrante, vigente hasta 2012 o las iniciativas de apoyo a la emancipación de las víctimas, con más de 19.000 rentas activas de inserción concedidas a mujeres en lo que va de año. De ellas, 5.000 son extranjeras y, en concreto, 394 ecuatorianas.

No obstante, ha recordado que "la violencia de género nace y se desarrolla en un caldo de cultivo que es la desigualdad", por lo que es necesario "un cambio de mentalidad" para lograr una "sociedad comprometida con la erradicación" de esta lacra social y cuyos ciudadanos "estén dispuestos a denunciarla" allí donde ocurra.

Según ha explicado el viceconsejero de Migraciones y Cooperación de Madrid, en la región viven 1,2 millones de personas (el 17% del total) extranjeras procedentes de hasta 180 países, por lo que es "prioridad" para el gobierno regional avanzar en la consolidación de sus derechos fundamentales, especialmente los de aquellas mujeres que están sufriendo violencia de género.

Así, ha señalado que la Dirección General de la Mujer cuenta con una red de servicios que, entre otros recursos, dispone de 51 puntos municipales de atención, seis centros de emergencia, cinco de acogida y once pisos tutelados para la protección de las víctimas. En total, de las más de 340 mujeres atendidas en el último año, el 71 por ciento eran extranjeras